El Estado subsidiario no sólo ha operado abriendo espacios al empresariado nacional e internacional en áreas tradicionalmente caracterizadas como servicios públicos, sino, y esto es lo políticamente más relevante en la actual coyuntura constituyente, como el mecanismo por antonomasia para acceder a la riqueza estatal.

La Constitución de 1925 estableció por primera vez en la historia del constitucionalismo chileno, luego de la reforma de la ley 17.398 de enero de 1971, normativa en favor del profesorado, más concretamente, reguló una libertad esencial para los profesores y las profesoras de universidad: “El personal académico es libre para desarrollar las materias conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes”. Se consagraba la libertad de cátedra según como se comprendía en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que nuestro país suscribió en septiembre de 1971 y ratificó en febrero de 1972. La dictadura suprimió esta libertad tanto en las Actas Constitucionales de 1976 como en el Decreto Ley 3464 (la llamada Constitución de 1980).

 

En noviembre de 2018, por iniciativa parlamentaria transversal, se inició la tramitación de la ley 21.454 recientemente publicada en el Diario Oficial (14 de junio de 2022), que establece el 22 de mayo de cada año como “el Día Nacional de la Memoria y Educación sobre Desastres Socio-Naturales”. La iniciativa se tramitó en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

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