Editorial Semanario

El proyecto de nueva constitución dispone expresamente que: “El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”. De esta manera se pone término al debate político desatado por el movimiento secundario allá por el año 2001 (a propósito del pase escolar), respecto del descuido de la educación pública y la aplicación en materia educacional del principio de subsidiariedad. Mientras la carta de 1980 y sus modificaciones establecen que “corresponderá [,,,] al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles”, la nueva normativa consagra el derecho a la educación y al aparato público como el obligado a asegurar su satisfacción. Dispone al respecto el proyecto de nueva Constitución: “La Educación es un deber primordial e ineludible del Estado”; así como que el financiamiento de las instituciones estatales, en concreto las de educación superior, debe “garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración con la sociedad”.

El movimiento estudiantil, tanto escolar como universitario, operó entre los años de 2001-2019 como una fuerza política y una manifestación cultural decisiva para romper la legitimidad del modelo neoliberal. La consigna No + Lucro cuestionó los fundamentos del modelo económico. El movimiento estudiantil puso,  junto a otros movimientos,  a los derechos sociales como la vara de medida de la legitimidad del orden constitucional heredado de la dictadura.