La Constitución de 1925 estableció por primera vez en la historia del constitucionalismo chileno, luego de la reforma de la ley 17.398 de enero de 1971, normativa en favor del profesorado, más concretamente, reguló una libertad esencial para los profesores y las profesoras de universidad: “El personal académico es libre para desarrollar las materias conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes”. Se consagraba la libertad de cátedra según como se comprendía en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que nuestro país suscribió en septiembre de 1971 y ratificó en febrero de 1972. La dictadura suprimió esta libertad tanto en las Actas Constitucionales de 1976 como en el Decreto Ley 3464 (la llamada Constitución de 1980).
