Se vive por estos días el relevante e histórico proceso de formulación de los nuevos estatutos de las universidades estatales. La ley que dio pie a este fenómeno dispuso en su articulado transitorio: “Las universidades del Estado deberán adoptar procesos públicos y participativos, en que intervengan los distintos estamentos de la comunidad universitaria”, haciendo patente el carácter ilegítimo de los estatutos que permitieron la actuación de los rectores delegados.