El ministro de Educación, profesor Marco Antonio Ávila Lavanal, desahucio en su primera cuenta pública la mercantilización de la educación y anunció el inicio de una marcha que conduce a lo que denominó un “nuevo paradigma educativo”: un sistema educativo más equitativo, justo y de calidad integral, que responda a los desafíos del siglo XXI, en donde la institucionalidad ministerial se despliegue a lo largo y ancho del territorio nacional […] con el fin de apoyar y acompañar el desarrollo de los diversos proyectos educativos, para que efectivamente desarrollen la creatividad, la colaboración, la innovación, la reflexión y el pensamiento crítico, por medio de aprendizajes académicos y socioemocionales que permitan vivir en comunidad y desplegar libremente los diversos proyectos de vida”.
Dr. Eric Eduardo PalmaSe habla entonces de una “nueva educación pública”, de un apoyo sustantivo al profesorado del sistema escolar; de la necesidad de reformar la legislación vigente (Ley 21.040), así como de una transformación radical del actual sistema de aseguramiento de la calidad que será reemplazado por un “Sistema de Acompañamiento para la Mejora del Aprendizaje y Desarrollo Integral de orientación formativa, que facilite las condiciones para el desarrollo de la niñez y la adolescencia en todas las dimensiones de su aprendizaje” (se modificará la ley 20.259 que regula dicho sistema de calidad).
En Educación Superior la cuenta da noticia de la Mesa de Trabajo con la Confech (véase al respecto Aula Magna, semana del 21 de abril de 2022) con el fin de abordar la violencia de género; el endeudamiento; la democratización; inclusión, entre otros temas de relevancia; así como la creación del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, el fortalecimiento de la red estatal de CFT; y la condonación justa y gradual de las deudas del estudiantado (lo que implica el fin del CAE), entre otras materias.
De gran relevancia para nuestro mundo académico es la política del “Nuevo Trato en la Educación Superior”: tal cómo se la presenta en la cuenta pública el Gobierno no parece aspirar a mucho. De lo poco que se plantea, es de enorme relevancia que se identifique a la “mercantilización de la educación superior” como la causa de “importantes distorsiones que han llegado incluso a desnaturalizar el proceso educativo”. Se hace responsable a la hegemonía privada y su política de aranceles de los males que aquejan a la vida universitaria en el presente: falta de pertinencia y de calidad; profesionales subempleados, descontextualizada. Mientras el núcleo del sistema ha estado en el mercado, el nuevo trato pone en su lugar al derecho a la educación superior debidamente garantizado y “estrechamente vinculado con el modelo de desarrollo y de sociedad que buscamos como país”.
Se dan a conocer en la cuenta las siguientes líneas de acción: Reajuste a la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) en un 15%; condonación de las deudas estudiantiles y creación de un nuevo sistema de financiamiento transitorio: ley que permitirá una “condonación justa, progresiva y gradual”; Revisión y mejoramiento de la política de gratuidad; fortalecimiento y expansión de la Educación Superior pública. Incorporación en la discusión presupuestaria el fortalecimiento y expansión de la Educación Superior pública, avanzando en democratización interna y participación; Fortalecimiento y acompañamiento a la red estatal.
Cabe suponer que la cuenta pública da noticia de una primera aproximación al “Nuevo Trato”: tal como se presenta parece un mero listado de tareas, sin embargo, constituyen un buen punto de partida.