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Eric Eduardo Palma

TOPICOS DEL DEBATE DE LA FUTURA REFORMA DEL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO

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TOPICOS DEL DEBATE DE LA FUTURA REFORMA DEL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO: DEL MERCADO AL DEBER ESTATAL DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACION

La propuesta gubernamental respecto del sistema educacional así como el debate que se ha venido generando usa un determinado lenguaje, el de la racionalidad económica neoliberal. Sometidos a esta ideología formalizada en lenguaje matemático se termina hablando siempre de lo mismo: bienes, oferta, demanda, satisfacción del cliente. Así nos referimos a la educación como un bien público, a los “bienes públicos” que genera la educación, al mercado universitario, a financiar la oferta o financiar la demanda, etc., etc.

¿Por qué es criticable esta perspectiva? Entre otras cosas porque la ideología del mercado se funda en una visión del individuo como intrínsecamente egoísta.

La propuesta del Gobierno de gastar entre los años de 2012 y 2018 cuatro mil millones de dólares en educación se hizo desde la óptica del mercado: para Piñera y Lavín el asunto es un puro problema de precio del dinero que se pide para comprar el servicio educacional y de cómo subsidiar la demanda. Por eso se propone rebajar la tasa de interés y aumentar las becas. Como afirmó el subsecretario Rojas se trata de ayudar a los padres y estudiantes a enfrentar el endeudamiento.

El problema es que el movimiento ciudadano demanda una educación pública gratuita y de calidad y no regular la oferta y demanda de las empresas prestadoras del servicio educación. El rechazo de la CONFECH a la propuesta gubernativa tiene en este sentido plena justificación.

Haría bien el movimiento ciudadano en insistir en que el debate que se inicia en el Parlamento no tiene que ver con una prestación de servicios sometida a las leyes de la oferta y la demanda, sino, con cómo es que el Estado de Chile cumple su deber jurídico de satisfacer el derecho a la educación de que es titular su población.

Siguiendo a Alirio Uribe es posible determinar los siguientes deberes jurídicos del Estado para dar eficacia al derecho a la educación:

1. No discriminar en el ejercicio del derecho;

2. Adecuar el marco legal para posibilitar su ejercicio; 

3. Proveer recursos judiciales y otros recursos efectivos para garantizar su vigencia;

4. Producir y publicitar información sobre el derecho a la educación;

5. Obligación de satisfacción, incluye la progresividad y su correlativa prohibición de regresividad, es decir, de mantener los niveles ya alcanzados de satisfacción del derecho;

6. Obligación de respeto, que consiste en la no interferencia del Estado en la libertad de acción y uso de los recursos propios de las personas para satisfacer el derecho;

7. Obligación de protección, impidiendo que las personas naturales o jurídicas (empresas nacionales e internacionales) violen el derecho;

8. Sancionar a los delitos de los servidores públicos y particulares en los casos de corrupción que obstaculizan la realización y violen el derecho a la educación;

9. Destinar el máximo de los recursos disponibles para su satisfacción;

10. Obligación de adoptar una estrategia nacional en que se definan los objetivos para el desarrollo de las condiciones de acceso, se determinen los recursos disponibles para alcanzar estos objetivos, la forma eficaz y equitativa para emplear los recursos, metas claras de avance con sistema de monitoreo y verificación;

11. Garantizar la protección de los sectores colocados en situación de vulnerabilidad;

12. Tener información disponible y clara con indicadores actualizados que permitan saber cuál es la situación del respeto del derecho, pudiendo así adoptar y conducir políticas públicas para su realización.

Si efectivamente queremos pasar en este debate nacional de la tecnocracia alienante al pleno ejercicio del derecho a la educación, sugiero que nos preguntemos como está cumpliendo el Estado con estos deberes y cuál es la mejor forma de cumplirlos, para seguidamente adoptar las medidas constitucionales y legales que corresponda.

Hay que hablar desde la óptica republicana y abandonar el lenguaje de los ideologizados tecnócratas del libre mercado. Hemos insistido en diversas ocasiones en la necesidad de sustituir este vocabulario economicista por el lenguaje de los derechos y los deberes jurídicos: ello implica debatir con el siguiente escenario: está consagrado constitucionalmente el derecho a la educación (art. 19), existe la responsabilidad del Estado de satisfacer dicho derecho (art. 1 y art. 5) y está vigente la ley que obliga constituir las universidades privadas como organizaciones sin fines de lucro.

Para mala fortuna de los Chicago Boys en lo que a la defensa de su posición ideológica se refiere, fue el propio Gobierno Militar el que en las postrimerías de su gestión ratificó el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) que estaba en vigor desde el 3 de enero de 1976. De acuerdo con dicho Pacto, que es norma jurídica vigente en Chile, y por ende exigible, el Estado debe propender a la gratuidad de la educación superior.

Cabe precisar que la posición economicista se debilita todavía más si se tiene en cuenta la normativa constitucional vigente al año de 1973 así como las Actas Constitucionales de septiembre de 1976: en ellas se consagra el derecho a la educación superior y el deber del Estado de financiarla. Incluso en plena dictadura se comprendía que esta materia no podía quedar entregada a la mano invisible del mercado: decía a este respecto el Acta Constitucional de 1976. “Corresponderá asimismo al Estado fomentar el desarrollo de la educación superior en conformidad a los requerimientos y posibilidades del país, contribuir a su financiamiento y garantizar que el ingreso a ella se determine atendiendo únicamente a la capacidad e idoneidad de los postulantes”.

Esta visión de la educación como tarea estatal no surge en todo caso en 1971, 1976 o 1989, existe en Chile desde la misma carta constitucional de 1833.

 

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Eric Eduardo Palma G.
Abogado
Doctor en Derecho