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Eric Eduardo Palma

BEYER, EL HOMBRE DE LAS MIL VERSIONES

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No deja de sorprender el nivel de confusión en que el Ministro Beyer instala a la opinión pública cada vez que hace declaraciones. Señaló hace dos días a un medio de prensa: “Lo que ocurre en Chile es que el marco regulatorio es muy débil. Hay una prohibición de lucro, pero es muy difícil de verificar y hasta ahora sólo hay sospechas de que existe el lucro… Yo diría que los antecedentes que existen hay que evaluarlos, estudiarlos y analizarlos. No hay que confundir las cosas porque la legislación en Chile permite una serie de cosas, como las transacciones entre partes relacionadas. Nosotros creemos que eso es un error, que debe regularse o sencillamente cortarse. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso porque lo único que podemos hacer es revocar el reconocimiento oficial y cancelar la personalidad jurídica. Con eso se va todo el esfuerzo que han hecho los estudiantes. Yo no quiero actuar sin una investigación que diga que efectivamente hay lucro. No tengo ningún problema en aplicar la ley, pero uno tiene que ser muy responsable… y lo que hay que ver es si eso efectivamente le provoca un daño a la universidad… Lo que hay que demostrar es que no está pagando precios de mercado. Si lo hace, en estricto rigor, no hay retiro de excedentes. Ahora, es tremendamente difícil comprobarlo y por eso yo prefiero que se prohíba…hay que demostrar que efectivamente se sacó la plata de la universidad”.

Desde que inició su gestión ha sostenido en distintas ocasiones: 1. Que no hay lucro. 2. Que no hay manera de probar el lucro. 3. Que el MINEDUC carece de facultades. 4. Que no hay errores en la información relativa a las empresas relacionadas. Y luego, sin asomo de sonrojarse: 1. Que hay lucro. 2. Que se puede probar, pero es difícil. 3. Que tiene facultades, pero, que por sus efectos, teme ejercerlas. 4. Que puede haber errores en lo relativo a las empresas relacionadas.

Además de estas contradicciones Beyer y su equipo asesor incurre en confusiones gravísimas sobre el alcance de la normativa legal.

1. Existencia del lucro: al parecer entienden que el mismo se configura en la medida que la universidad se empobrece y un tercero se enriquece. Por ello es que invocan el precio de mercado como la vara de medir: si la universidad compra a precio de mercado no habría lucro. Esta perspectiva es absolutamente errada.

 

La Universidad es una corporación sin fines de lucro. Sus actos de voluntad están encaminados a cumplir sus fines educacionales. Luego, si dicha voluntad es conformada por una entidad empresarial que al participar en la decisión de compra, arrienda, permuta, etc., de la universidad, vela porque la misma favorezca a la entidad empresarial que representa, se distorsionan los fines y la voluntad de la institución universitaria. Pasa de ser un ente “sin fines de lucro” a un ente que permite el lucro. Fenómeno que la ley que regula la personería jurídica, prohíbe. Ninguna relevancia tiene el empobrecimiento, el enriquecimiento o los precios de mercado en esta materia.

Beyer se equivoca al sostener que el lucro debe probarse analizando balances financieros de terceros u operaciones contables que indiquen daño patrimonial a la universidad: tiene una muy errada comprensión del fenómeno jurídico. Lo que se debe probar es que terceros que actúan en representación de entidades empresariales contribuyen a formar la voluntad de la universidad, para favorecer a dichas entidades. Si ello ocurre la universidad deja de ser una corporación sin fines de lucro: su voluntad se encuentra intervenida para facilitar el cumplimiento de un fin no educacional.

Al parecer ni Beyer ni su equipo conoce la ley 20.500. Dispone dicha normativa en su párrafo tercero la sustitución del artículo 556 del Código Civil por el siguiente: “Artículo 556. Las asociaciones y fundaciones podrán adquirir, conservar y enajenar toda clase de bienes, a título gratuito u oneroso, por actos entre vivos o por causa de muerte.

El patrimonio de una asociación se integrará, además, por los aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, con arreglo a los estatutos.

Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la asociación no podrán distribuirse entre los asociados ni aún en caso de disolución".

La ley 20.500 también modificó el artículo 557, que dispone actualmente: “Artículo 557-2. Las asociaciones y fundaciones podrán realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines. Asimismo, podrán invertir sus recursos de la manera que decidan sus órganos de administración.

Las rentas que se perciban de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines de la asociación o fundación o a incrementar su patrimonio”.

Como se aprecia la disposición es muy clara: prohíbe que las rentas, utilidades, beneficios o excedentes se distribuyan entre los asociados, ni aun en caso de disolución. Y por una razón muy clara: no se trata de una empresa sino de una corporación.

La ley no prohíbe que la corporación sin fines de lucro celebre contratos, ya sea onerosos o gratuitos, lo que prohíbe es que sus asociados accedan a su patrimonio para apropiárselo.

Así de simple y así de claro. Toda la explicación que ha dado Beyer sobre precios de mercado, daño patrimonial y enriquecimiento de un tercero, es puro invento.

En el caso de las universidades denunciadas lo único que se requiere probar es la integración del directorio por individuos que representan intereses de terceros. Y seguidamente, la concurrencia de estos individuos a la aprobación de actos que signifiquen apropiación de parte del patrimonio de la institución por dichos terceros. Poco importa si la disposición patrimonial empobreció a la universidad o enriqueció al tercero, lo relevante es si el asociado hizo suya rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la corporación universitaria. Así, para este caso, basta con acreditar que hubo una disposición de recursos a favor de un tercero y por intervención de dicho tercero, como parte de la voluntad de la corporación, para que se viole la ley que prohíbe el lucro.

A mayor abundamiento, la ley señala que las “rentas que se perciban de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines de la asociación o fundación o a incrementar su patrimonio”: y para el caso universitario los fines no son empresariales sino educacionales.

2. El impacto del cierre de la universidad en los jóvenes. Tan sorprendente como la invención anterior sobre precios de mercado, es que afirme que aplicar sanciones implicará “ –que- … se va todo el esfuerzo que han hecho los estudiantes”. Al parecer el Ministro ignora que, para el evento de la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de la personería jurídica, la ley establece un procedimiento y un responsable que se hace cargo de la continuidad de los estudios de los jóvenes. Es más, dado que varios proyectos universitarios han sido cerrados en los últimos años, ese mecanismo ha operado en varias ocasiones.

Luego, no puede excusar su falta de voluntad de fiscalización amparado en la necesidad de proteger el esfuerzo de los jóvenes y sus familias. El legislador tuvo a la vista el fenómeno de la cancelación y para hacerlo viable reguló el caso de los jóvenes que se ven afectados por el cierre del establecimiento.

Las declaraciones del Ministro llevan a pensar que es la ignorancia y la falta de entendimiento lo que lo paralizan, ¿o acaso cabe presumir la mala fe?

 
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Eric Eduardo Palma G.
Abogado
Doctor en Derecho