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Eric Eduardo Palma

LUCRO UNIVERSITARIO Y FLEXIBILIDAD LABORAL DEL PROFESORADO

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La danza impresionante de miles de millones de pesos que involucra el “ilegal negocio universitario”, tiene una dimensión escasamente abordada hasta ahora: la flexibilidad laboral a la que se encuentra sometido uno de sus recursos humanos fundamentales, el profesorado.

La lógica del mercado universitario ha implicado tratar la gestión de recursos implicados en la producción de este servicio como si se fuese una actividad económica más. De hecho se habla de industria universitaria.

Dicha industria tiene una característica muy poco destacada hasta ahora: su principal recurso, el profesorado que forma a los futuros profesionales, tiene una vinculación mínima con la empresa. De partida, la mayoría de los profesores carece de contrato de trabajo.

Los contratos de la generalidad de los profesores universitarios son a honorarios, es decir, los académicos no tienen derecho a salud y seguridad social, tampoco derecho a vacaciones y menos a indemnizaciones por despido. Su permanencia en la universidad no supera las 6 horas semanales. Más grave todavía, sus contratos no son anuales, sino que son contratados por 8 o 10 meses según la universidad de que se trate. Es más, algunos deben esperar a conocer el número de estudiantes interesados en tomar su ramo para darse por contratados.

Un sector muy minoritario del profesorado tiene contrato de trabajo por 22 o 44 horas. La mayoría de este pequeño grupo cuenta con una jornada mayor porque cumple tareas administrativas.

Esta es una de las razones de porque se ha acumulado tanto capital y se ha generado tanta utilidad para las empresas inversionistas: la industria universitaria funciona con la máxima flexibilidad laboral, quizás la mayor del mercado de trabajo chileno. Probablemente sea una de las áreas más ricas y prósperas de la economía con el costo más bajo de contratación de mano de obra calificada.

Ha sido la desprotección de su principal recurso humano, la privación a los profesores de sus derechos laborales y de seguridad social, lo que ha hecho tan rentable este negocio. Esta mano de obra, una de las más calificadas del país, se compra a costo de baratija.

Una parte significativa de los profesores universitarios del país son la negación más absoluta de la promesa de ser la educación una garantía de empleo de calidad.

Como es evidente, una industria de máxima flexibilidad laboral no puede proporcionar educación de calidad. Dada la alta rotación del profesorado, la movilidad del mismo entre distintas casas de estudio, la importante inversión de tiempo en preparar clases y pruebas para distintas visiones y misiones universitarias, termina provocando un agotamiento del recurso humano y un rendimiento decreciente según aumenta el número de universidades en que se está contratado. Lo grave es que esto le puede ocurrir a profesores con estudios de postgrado y con capacidad de investigación y productividad científica: las jornadas completas destinadas a la actividad puramente académica son una realidad muy minoritaria en la industria universitaria chilena.

Los procesos de acreditación han implicado que se aumente el número de profesores contratados por 22 o 44 horas y con fines exclusivamente académicos. Queda como cuestión a establecer si dicha planta académica se proyecta más allá de los procesos de acreditación y por cuánto tiempo.

Beyer y compañía proponen tranzar el lucro por la calidad. Nos piden no combatir la inversión universitaria ocultando que la misma se ha hecho rentable a costa del sacrificio de estudiantes y profesores.

El Gobierno cree, y con él su Ministro de Educación, que en esta industria de máxima flexibilidad laboral es posible alcanzar también máximos niveles de calidad. Sería bueno que el ministro Beyer explicara al país, a los padres cuyos intereses dice amparar, cómo es que se asegura educación de calidad para sus hijos con profesores que carecen del derecho básico a salud, previsión social y vacaciones.

Dado que el Gobierno ha decidido amparar la legitimidad del lucro, es decir, del negocio universitario, insistiendo en que el problema no es el lucro, sino la calidad, le queda a Beyer la tarea de explicarnos cómo se alcanza la calidad en una industria caracterizada por la profunda flexibilidad laboral de su principal recurso: el profesorado. Sin embargo, es altamente probable, como le ocurrió a Lavín y a Bulnes, que Beyer no llegue a abordar ninguna tarea relevante. El inicio del fin de sus días al frente del Ministerio de Educación parece haber comenzado: el movimiento por una educación pública gratuita y de calidad terminará haciéndole pagar su desvergonzada pedantería.

 
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Eric Eduardo Palma G.
Abogado
Doctor en Derecho