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Eric Eduardo Palma

Del fomento de la mediocridad universitaria: Critica a la rentabilidad universitaria y a la politica de becas y creditos

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Que duda cabe que en el caso chileno el principal impacto negativo de la masificación de la universidad, está referido a la pérdida de calidad.

En los primeros años de funcionamiento de las universidades privadas, y dado el escaso número de las mismas, los estudiantes que ingresaban a ellas tenían puntajes que no se alejaban de manera dramática de los puntajes de admisión de las universidades públicas.

Este escaso número permitió también que fueran fiscalizadas por las universidades estatales.

Las primeras generaciones de universitarios que fueron sometidos al escrutinio de una universidad estatal recuerdan todavía, con orgullo, que sus estudios y sus capacidades fueron validadas por instituciones de tradición y calidad. Típico ejemplo en esta materia es el de la carrera de Derecho de la Universidad Central de Chile, tutelada en sus primeros años por la Universidad de Chile.

Este fenómeno de acceso restrictivo y control de calidad se perdió a fines de la década de 1980, cuando el
Gobierno Cívico Militar decidió aumentar de manera significativa las autorizaciones para fundar universidades, y cambiar la modalidad de licenciamiento de los nuevos centros universitarios.

Ocurrió entonces que los puntajes de ingreso bajaron significativamente, así como los mecanismos que daban fe de la calidad de la formación impartida.

Es usual en nuestro país en la última década que alumnos de rendimiento escolar muy deficiente copen las aulas de las universidades privadas. Es más, el fenómeno se ha extendido incluso a algunas universidades públicas. Hoy por hoy, es un dato de la realidad que buena parte del alumnado universitario chileno no mostró competencia alguna en su vida escolar, ni muestra mayor competencia para la vida universitaria. Sin embargo, este tipo de estudiante paga matrícula y arancel. Y este pago transforma a la actividad universitaria en una de las actividades económicas más rentables del momento.

Los dueños de las universidades que tiene como clientes a alumnos de mal rendimiento escolar, bajo puntaje de ingreso y mal rendimiento universitario, han privilegiado sus ingresos, sus rentabilidades, antes que la calidad de las universidades.


De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Educación, para determinados estudiantes bastará con obtener 475 puntos en la PSU para tener derecho al financiamiento del 100% de su arancel de referencia mediante crédito del fondo solidario y/o beca. Los estudiantes del cuarto quintil tendrán financiamiento por un porcentaje decreciente del arancel de referencia en función de su ingreso.


Todos los estudiantes pertenecientes al primer y segundo quintil de ingresos que obtengan más de 550 puntos en la PSU, y que se matriculen el primer año el 2006, recibirán una beca de un millón de pesos y el porcentaje de crédito del Fondo Solidario que requieran para completar el monto total de su arancel de referencia. Es más, el 10 de octubre se informó que gozarían de crédito incluso alumnos que hubieran reprobado asignaturas.


Me parece que las exigencias de rendimiento escolar y universitario para acceder a becas y créditos no garantizan una educación de calidad.


Como es obvio, hay también en las universidades privadas estudiantes que valoran el mérito académico. No me cabe la menor duda que ellos consideran una competencia desleal que compañeros que muestran poco o nulo interés por la vida universitaria, gocen también de apoyos económicos por parte del Estado.


Algunos personajes públicos piensan que por razones de equidad, dada la escasa preparación de los alumnos de colegios y liceos municipalizados, se deben bajar las exigencias de becas y créditos.


Esta mirada desde la equidad me parece equivocada. Se olvida que en el sistema escolar público se distingue claramente a los estudiantes de alto y bajo rendimiento, es decir, que entre los pobres, también hay gente de esfuerzo, responsabilidad, constancia, trabajo.


Para creer que estamos en presencia de un intento por resolver problema de equidad, y no ante un caso de creación de condiciones para mantener rentabilidad para el negocio universitario, habría que establecer como requisito para optar a beca o crédito, venir de colegio municipalizado con pruebas Simce deficientes o cuyos profesores hayan sido mal evaluados; también que el alumno postule a universidades que acrediten la existencia de programas especiales de tutela para alumnos con alto rendimiento escolar pero bajo resultado en la PSU. La solución liberal ortodoxa a un problema social vuelve a mostrar sus deficiencias. El negocio universitario es contradictorio con los méritos académicos: su exigencia disminuye los clientes y por ende la rentabilidad. La masificación de la universidad sin calidad, provoca mediocridad.


Eric Eduardo Palma
Abogado / Doctor en Derecho


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